Dos discotecas, Fonda Milagros y Teatre, en Murcia, donde en la madrugada del domingo 1 de octubre tuvo lugar un incendio que acabó con la vida de 13 personas y una veintena resultaron herida,  tienen ahora el foco legal sobre ellas . Según se pudo saber a posteriori, ambos locales carecían de licencia y, a ojos del Ayuntamiento de Murcia, eran un único establecimiento.

La discoteca originaria, Teatre, inaugurada en diciembre de 2008, realizó en el año 2019 diversas modificaciones en su estructura. Para ello, solicitó en junio de ese mismo año permiso para dividir el local en dos: uno seguiría siendo Teatre y el otro se convertiría en la nueva discoteca de música latina: Fonda Milagros. Acto seguido, y sin esperar a la consecución de la licencia, se crearon las dos discotecas ahora afectadas, a pesar de que, para poder ejercer su actividad como tal, requerían una nueva licencia que nunca fue concedida. Sin embargo no fue hasta casi tres años después, en enero de 2022, que recibió el primer aviso de cierre. 

El Ayuntamiento exime responsabilidades

Según asegura el Ayuntamiento de la localidad murciana“no tenían constancia administrativa de la existencia de esa nueva discoteca Fonda Milagros”. A pesar de ello, lo cierto es que esta siempre ha existido y funcionado desde esa fecha hasta el mismo domingo pasado, día de la tragedia. A pesar de encontrarse en una ubicación alejada del centro urbano, en un entorno de fábricas dentro de un polígono y más solitario, desde su creación, han sido muchos y continuos los anuncios de fiestas en cada una de las discotecas por toda la zona, no pasando así para nada, desapercibida.

Responsabilidades legales y proceso judicial

En el procedimiento judicial aperturado para investigar las nefastas consecuencias del incendio de las discotecas, será fundamental y prioritario averiguar si fue causado por una negligencia relacionada con los propios locales o bien por la actuación inadecuada de alguna persona en particular que pudiera causar el fuego. Todo ello con el fin de aclarar quien o quienes son los responsables de la muerte de las 13 víctimas del siniestro así como si estas se produjeron por imprudencia grave.

En función de la gravedad de la imprudencia, el Código Penal fija, para las consideradas graves, penas de hasta 4 años de prisión. De todas formas, lo cierto es que los responsables de esos posibles homicidios imprudentes podrían enfrentarse a penas de hasta 9 años de prisión aplicables cuando se haya producido un número muy elevado de muertes, como podría ser este caso.

En cuanto a las responsabilidades civiles, hay dos cuestiones a dilucidar:

La primera, relativa a la situación de las salas donde se produjeron los hechos y sus propietarios. Es crucial conocer tanto si contaban con seguros de los que las víctimas podrían recibir una indemnización, si se determina la responsabilidad en el suceso de los propios locales, como si cumplían con la normativa aplicable, entre otras cuestiones.

Y la segunda cuestión es si la administración local podría haber incurrido en responsabilidad civil subsidiaria, por su posible acción o inacción en este asunto.

            Si bien es cierto que cinco meses antes del incendio el Servicio Técnico de Obras y Actividades de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia informó de algunos problemas en las instalaciones de la discoteca Teatre, lo cierto es que sobre esta ya pesaba orden de cierre desde enero de 2022. En marzo de ese mismo año fue rechazado recurso contra el cierre y en octubre se decretó su clausura. No obstante esta permaneció abierta hasta que ardió el pasado 1 de octubre, un año después de la orden de clausura.

Al respecto, la respuesta dada, en rueda de prensa, por parte del tercer teniente de alcalde y concejal delegado de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, del PP, fue que: “Es imposible tener constancia de si un local está abierto o no, aunque exista una orden de cierre”. Pese a las constantes publicaciones en redes sociales de los locales publicitando fiestas y conciertos, y los carteles en las calles, el Consistorio decía “no tener constancia” de que seguían operando.

Según se ha podido saber, la orden de cierre la dio el exconcejal socialista de Urbanismo, Andrés Guerrero, con precinto incluido. Eso ocurrió seis meses y medio después de llegar al poder PSOE y Ciudadanos tras una moción de censura contra el gobierno consistorial del PP, que tras las elecciones municipales del 28M, recuperó de nuevo.

Desde entonces, y a raíz de los cambios de gobierno municipal, la actuación de la concejalía competente ha desvelado un laberinto burocrático difícil de desentrañar. Según informaciones publicadas, el inspector de actividades del Ayuntamiento incumplió la orden del concejal y decidió no precintar el local, según consta, porque los titulares de la empresa habían aportado justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba para poder obtener una nueva licencia de actividad, tras la segregación del local de Fonda Milagros en 2019. En ese mismo acta señaló que había “contactado” con los titulares sin acudir al local, a pesar de que le habían ordenado “girar visita”. La única conclusión es que nadie del Ayuntamiento veló por que se cumpliera el decreto ordenado por el edil y tampoco se encargaron de ello durante este último año y son muchas las dudas generadas sobre la actuación del Consistorio murciano.

Por último y no menos importante, la prensa local ha hecho hincapié en que Teatre había pasado una inspección sanitaria del Ayuntamiento en  marzo de 2023. Añadir además que el 28 de agosto el dueño de Teatre Murcia S.L había solicitado que en los siguientes cuatro días no aparcaran los coches en su local en la calle de Isla Cristina porque iban a reformar la fachada.

Todo un suma y sigue que denota la falta de control por parte del organismo público municipal y la inexistencia de actuaciones coordinadas entre las distintas concejalías, que ha resultado ser imprescindible para toda las Administración Pública habida cuenta el fatídico resultado por su falta de respuesta y evidente mal hacer.

Por todo ello, el pasado 4 de octubre suspendió a los funcionarios implicados en los expedientes de cese de actividad de la discoteca, mientras continúa la investigación interna puesta en marcha tras la tragedia.

            A raíz de estos hechos ocurridos varios Ayuntamientos como el propio de Murcia, el de Huelva o el de Granada, han reactivado sus acciones en cuanto al cumplimiento de la legalidad vigente y el precinto que proceda de otros locales sin licencia. En Murcia ya se han precintado hasta 7 locales nocturnos por no tener la licencia en regla.

¿De quién es la responsabilidad?

No cabe otra conclusión y discernimiento que asumir que la responsabilidad política y moral tras trece fallecidos también la deben tener el ayuntamiento , y su personal, que no supieron erradicar el mal funcionamiento y la desidia que había en esa área, y en otras muchas. Las muertes de Teatre y Fonda Milagros están destapando todas las negligencias y falta de operatividad y eficacia de la administración sin perjuicio de la corrupción que ha habido, hay y seguirá habiendo siempre.

Para más inri, la Mesa de la Asamblea Regional murciana ha rechazado crear una Comisión de investigación sobre el trágico incendio de las discotecas aduciendo un defecto de forma, pues consideran que las competencias en la gestión de los locales de ocio recae en los ayuntamientos -en este caso, en el consistorio murciano-, por lo que no es labor de la Asamblea investigar lo ocurrido.

Aunque está pendiente se dilucide en el procedimiento judicial abierto si debe responder, siquiera como responsable civil subsidiario, queda patente una vez más la falta de acción y responsabilidad de la Administración pública, contra la que todos debemos reclamar y luchar, aun cuando goce de prerrogativas que los ciudadanos no tenemos.